CC debe explicar vía LAI el manejo del caso Mina San Rafael

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El Sector Empresarial Organizado manifiesta su preocupación por las repercusiones que ha tenido la suspensión de la Mina San Rafael.

En este caso, suman ya 378 días sin operar y 266 días sin que la Corte de Constitucionalidad resuelva. Lo anterior ha provocado el despido de 500 personas, lo que, a su vez, representa 500 familias que perdieron una fuente de ingresos y de oportunidades de desarrollo.

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Son también 5,500 empleos indirectos perdidos, y en lo que corresponde a la economía del país, se han dejado de percibir Q1,887 millones entre impuestos, regalías, pago a proveedores y salarios.

Lo que se constituye también en una tragedia es un sistema de justicia inerte. El máximo ente rector de la Constitución del país no ha emitido pronunciamiento respecto a la suspensión de la Mina San Rafael, con lo que desafía los plazos de Ley.

Sin embargo, sí ha conocido con celeridad otros casos, con lo que se acrecientan las dudas sobre la forma en que actúa la Corte.

Ni los trabajadores cesantes, ni la economía del país están en condiciones de seguir esperando que CC salga de su letargo, por lo que, el Sector Empresarial Organizado anuncia que:

Se ha presentado un memorial en el que, con base en la Ley de Acceso a la Información Pública, se solicita:

1.     El nombre del Magistrado ponente actual en el caso de la Mina San Rafael.

2.     Se informe cuántas veces los magistrados ponentes han presentado sus ponencias a la Secretaría del pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

3.     Se señale durante cuántos días la Secretaría del Pleno ha tenido por recibidas las ponencias y no las ha incluido en agenda para conocimiento del pleno de Magistrados.

4.     Se informe, de conformidad con los controles administrativos internos de la Corte de Constitucionalidad, qué magistrados y cuántas veces han solicitado el retiro de las ponencias del pleno.

5.     Se entreguen los audios o videos en los cuales conste la presentación y retiro de las ponencias del pleno.

6.     Se informe cuál es el estado administrativo actual del expediente.

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Esperamos que la Corte de Constitucionalidad actúe con transparencia y responda con precisión a las peticiones formuladas en el memorial que hemos entregado este día. Los plazos se han vencido y Guatemala necesita enviar mensajes claros de certeza jurídica en estos momentos, cuando la inversión y las oportunidades de desarrollo para los guatemaltecos se ven bajo una eminente amenaza.

Guatemala, 18 de julio de 2018

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