En el marco del proceso de elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público

El Sector Empresarial Organizado:

1.     Reconoce la trascendencia del proceso institucional, derivado del momento histórico que atraviesa Guatemala, en cuanto a los avances de la lucha contra la corrupción, el combate a la impunidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

2.     Expresa la necesidad que el Fiscal General sea un profesional del Derecho comprometido de lleno con la correcta aplicación de la ley, el respeto a los derechos constitucionales y el combate a la corrupción, la impunidad y las estructuras criminales.

3.     Recuerda que el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala expresamente establece que el fin principal del Ministerio Público es “velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.”

En este sentido, exhortamos a los candidatos a:

a.     Presentar propuestas relacionadas con la garantía del cumplimiento de normas relacionadas con el respeto a la propiedad privada, a la libertad de locomoción, a la libertad de comercio, trabajo e industria, y al cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos del país.

b.     Presentar dentro de sus planes de trabajo, un capítulo específico sobre el combate a la corrupción. Además, su propuesta de coordinación de política inter-institucional con los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos de control político y financiero del Estado, el sector privado, sociedad civil y comunidad internacional. Esto, para avanzar en el proceso de construir un sistema político transparente, con rendición de cuentas, reglas claras y cumplimiento de la ley. 

c.     Presentar públicamente declaraciones de probidad y declaraciones de conflicto de interés que permitan evaluar con mayor grado de precisión el citado componente.

4.     Asimismo, exhorta a los miembros de la Comisión de Postulación a:

a.      Tomar en consideración variables para la evaluación de los candidatos, como su experiencia en materia de Derecho Penal, la experiencia en cargos de la administración pública, su imparcialidad en cuanto a diferentes intereses relacionados con la justicia penal en el país.

b.     Crear un mecanismo transparente que les permita trabajar en un ambiente de total independencia y libres de presión motivada por cualquier grupo de interés y a denunciar públicamente cuando ello ocurra para poder asegurar el control y la auditoría ciudadana necesaria para garantizar su labor.

5.     Sobre todo, invita y exhorta a los profesionales de derecho, con las calidades requeridas por la ley, con un perfil profesional de excelencia, integridad, honradez y comprometidos con la construcción de un mejor país, a que presenten sus expedientes para optar a tan importante cargo dentro de la administración de justicia.

Guatemala, 17 de enero de 2018

 

CACIF