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  Luego de 102 días, el 8 de septiembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió en definitiva el amparo planteado por CALAS contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM). La sentencia fue clara al permitir el reinicio de operaciones de la mina San Rafael, porque expresamente revocó dicho amparo que había suspendido la licencia El Escobal. En dicho fallo se ordenó al MEM llevar a cabo una consulta a la población xinca del área de influencia de la mina, pero también permitió que la empresa retomara labores.

 

Sorprendentemente, aunque la sentencia de la CSJ favoreció a CALAS, esta fue apelada por dicha organización, lo que demuestra que, tal como ha expresado la misma organización por distintos medios, su único interés es suspender definitivamente las operaciones de la mina. 

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Esta postura, además de no tener fundamentos legales, sí tiene un impacto directo negativo en la economía del país y el clima de negocios. Por consiguiente, hay consecuencias como la baja en la calificación de país por parte de Standard&Poor’s y se reduce la proyección de crecimiento en el PIB por parte del Banco de Guatemala.

 

En este momento la decisión de confirmar el fallo de la Corte Suprema de Justicia está en manos de la Corte de Constitucionalidad (CC), quien llevó a cabo la vista pública el 25 de octubre del presente año. La Ley de Amparo es clara en decir que la CC debe emitir el fallo dentro de los 5 días luego de celebrada la vista.

Pese a ello, el plazo se venció el lunes de la semana pasada y preocupa que esta decisión esté tomando más tiempo del previsto cuando los propios magistrados ya han trazado la ruta para resolver casos similares.

POR LO ANTERIOR:

Los Magistrados de la CC, como garantes de la constitucionalidad y de la democracia, deben cumplir con los plazos de ley y ser coherentes con sus propios fallos, sobre todo en un tema que cada día tiene consecuencias directas para miles de guatemaltecos que dependen de esta industria, así como al país en general que todos los días está dejando de percibir Q1.1 millones en impuestos y regalías.

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Hacemos un llamado para que la CC emita, en forma jurídicamente responsable, una resolución apegada a Derecho, siendo congruente con sus sentencias emitidas y que lo hagan sin incurrir en más retrasos, sobre todo si existe una sentencia lo suficientemente desarrollada por la misma Corte en el caso Oxec, en la que claramente se expuso que, mientras no sea emitida una ley que regule la materia, esa sentencia es aplicable a todos los casos relacionados con el Convenio 169 de OIT, como es este caso.

         

Guatemala, 8 de noviembre de 2017

CACIF