Elecciones 2019

Por Laura Castañeda

Publicado 09/07/2018

Es muy factible afirmar que nunca antes el país había tenido tan presente el proceso electoral precedente como en estos últimos dos años. Las razones más relevantes para mantener vivo el efecto de la elección anterior han sido las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos ocurridas en el 2016 por medio del Decreto Número 26-2016 del Congreso de la República el 25 de Mayo de ese año y la persecución penal de la CICIG y el MP en contra de políticos y empresarios por ser el “pecado original de la democracia guatemalteca”.

 

Estas modificaciones a la Ley han generado consecuencias previstas y otras no intencionadas, las cuales durante el proceso electoral del 2019 mantendrán muy entretenidas a varias personas y grupos de personas por diversas razones. Al Tribunal Supremo Electoral y sobre todo al Registro de Ciudadanos porque las nuevas reglas implican el relevo de magistrados en pleno proceso electoral, el adelanto de la fecha de las elecciones que implica finalizar el periodo presidencial con dos presidentes electos y la fiscalización de partidos políticos urgidos por levantar dinero en un escenario cuya posibilidad más plausible de captar fondos será de los donantes “no ortodoxos”, por llamar de algún modo a los donantes de los que no se puede explicar el origen de sus fondos y a los que tampoco nadie se atreve a cuestionarles ese aspecto.

 

Esas mismas modificaciones del 2016 a la LEPP son hoy por hoy la espada de Damocles de aproximadamente 90 diputados actuales que no se podrán reelegir por la sanción que ellos mismos impusieron al transfuguismo.

 

Las reformas también irónicamente pueden ser el mejor fundamento legal para la defensa de varios implicados en procesos penales en curso por financiamiento electoral ilícito que han sido ligados en virtud de lo establecido en el Artículo 21 Ter adicionado por el Artículo 8 del Decreto Número 26-2016 “Regulaciones sobre el financiamiento” de la LEPP.

 

Para este último fin, la clave de la defensa podría estar en las Disposiciones Transitorias y Finales de la LEPP que nunca han sido modificadas y que en su Artículo 256 estipulan que: “… Cualquier reforma que se haga a la presente ley, después de haberse convocado a un proceso electoral y antes de que se conozca su resultado o que los electos tomen posesión de sus cargos, no será aplicable a dicho proceso…” Así las cosas estamos frente al típico caso de irretroactividad del derecho.

 

El efecto de esta disposición es señalar que el ‘“vacatio legis”’ de la ley reformada inicia con la convocatoria del proceso electoral el año 2019 y que no se pueden aplicar las reformas del 2016 a nada de lo acontecido en el proceso del 2015.

 

Estamos claros que el sujeto activo del delito de financiamiento electoral ilícito, según el famoso y muy mal escrito Artículo 407 literal “N” del Código Penal es la organización política. Sin embargo la interpretación más que elástica que hacen de este artículo mete en el callejón de los palazos a varios empresarios de los cuales, si es que algo malo se puede decir que hicieron fue cometer un error por exceso de confianza, pero nunca un delito.

 

La historia democrática del país se escribe día a día. No cabe duda que estos episodios, sus entretelones y el próximo proceso electoral del 2019 constituyen una etapa muy importante de esa historia de la cual tendremos que rendir cuentas a las futuras generaciones y tratar de explicar los por qué, y sobre todo cómo termina el poder punitivo de mayor riesgo diseñado para combatir las estructuras delictivas más peligrosas juzgando delitos políticos y hechos derivados del ejercicio cívico de ciudadanos que han sido tradicionalmente reconocidos por su aporte al desarrollo del país. Platón ya nos da luces con la célebre cita: “La peor forma de injusticia es la justicia simulada”.