Prevenir, mejor que lamentar

Por Ma. Isabel Carrascosa

Publicado 6/05/2018

La prevención al conflicto de intereses es una herramienta global que ha demostrado ser útil tanto para el funcionario público, ya que con esta herramienta puede excusarse a participar en situaciones posiblemente ilegales, como para la sociedad en general, que puede utilizar esta herramienta de control y transparencia.

 

La transparencia es un tema de carácter transnacional, es decir, trasciende las barreras nacionales porque todos los países en el mundo sufren de corrupción en mayor o menor escala y con diferencias culturales bastante sutiles. Además, la transparencia se vuelve un tema global porque en la actualidad los actores relacionados con corrupción no son exclusivamente estatales, estos actores van desde organismos regionales o internacionales hasta multinacionales que tienen presencia en varios Estados. La diferencia en materia de transparencia entre uno y otro Estado no es necesariamente la calidad moral de los ciudadanos (aunque sí influye), sino la fortaleza institucional que tiene uno frente al otro.

La institucionalidad pública son las reglas del juego que definen el actuar de las personas en una sociedad. Las reglas del juego tienen que generar incentivos para su cumplimiento. Nuestras reglas del juego no cuentan, en la actualidad, con mecanismos de prevención ni incentivos para que el funcionario público quiera ser transparente en cuanto a sus intereses y pueda excusarse cuando exista conflicto. Contamos con una serie de delitos que castigan estas situaciones, pero contar con delitos no es suficiente y, además, degenera la naturaleza de ultima ratio del derecho penal.

La coyuntura actual nos debería de hacer reflexionar sobre qué mecanismos existen en el mercado global de normas que previenen la corrupción, uno de ellos y, quizás, uno de los más conocidos es la regulación de un sistema de prevención de conflictos de intereses. A Guatemala esta recomendación se la ha hecho la OEA mediante el MESICIC1 y, últimamente, el Fondo Monetario Internacional.

El conflicto de intereses surge, sobre todo, del conflicto que puede haber entre el deber público y los intereses privados de un funcionario, ya que esos intereses privados podrían influenciar al servidor público y afectar el cumplimiento de sus deberes debido a otras actividades que el funcionario desarrolla o bien otras relaciones que mantiene en el ámbito privado de su vida. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, que tener conflictos de intereses no es un hecho irregular por sí mismo, pero si puede llegar a ser la fuente de un delito. Existen tres tipos de conflictos de intereses el real o actual, el potencial y el aparente. El real o actual se da cuando existe un beneficio derivado de la función pública y la capacidad de influenciar del funcionario. El conflicto de interés aparente se refiere a la situación donde existe un interés personal que no necesariamente influye en el funcionario público, pero que podría dar lugar a que otros consideren que puede influir en la toma de decisiones y cumplimiento de los deberes del funcionario. El conflicto de intereses potencial se da cuando el funcionario tiene un interés privado que puede llegar a convertirse en un conflicto de interés.

El mecanismo de regulación de conflictos de intereses determina cuando hay conflicto y en ese caso debe de proporcionar soluciones o bien denunciar al funcionario según el caso, el potencial también puede prevenirse con herramientas como el fideicomiso ciego y el aparente debe aclararse.

La prevención del conflicto de interés no pretende que los funcionarios se despojen de todos sus intereses personales, sino que estos sean comunicados de manera transparente, para poder detectar cuando sus decisiones pueden estar sesgadas por posibles beneficios propios. Prevenir es mejor que lamentar, por lo que es importante que el Congreso de la República acoja las recomendaciones de organismos internacionales, considere las soluciones a problemas transnacionales que otros países han desarrollado y aprenda de las experiencias actuales para construir institucionalidad pública fuerte.

 

1.- Informe relativo a la implementación en Guatemala de la disposición de la Convención seleccionada para ser analizada en la cuarta ronda, y sobre el seguimiento de las recomendaciones  formuladas a dicho país en la primera ronda. http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_gtm_sp.pdf