Un reto para la Fiscal

Por Guido Ricci

Publicado 27/05/2018

Dentro de los retos que asume la nueva Fiscal General, uno de los más importantes será el de continuar las acciones en contra de la corrupción; sin duda alguna, el objetivo de acabar con ese pesado lastre es común entre los guatemaltecos que aspiramos a dejar un mejor país a las generaciones venideras.

La Fiscal cuenta con el apoyo de la población, que vio con buenos ojos el proceso por el cual se llegó a designar una profesional de carrera y sin vinculaciones que pongan en riesgo su credibilidad. La oportunidad es propicia, por tanto, para hacer un balance de la forma en que las acciones referidas se han venido desarrollando.

Uno de los temas más polémicos es la procedencia de medidas sustitutivas o la prisión preventiva. Acá las posiciones, como es usual en nuestro país, son extremas; a quienes defienden el principio de inocencia y la debida aplicación de la ley, en el sentido que la prisión es la excepción, se les tilda con ligereza como favorables a la corrupción. Ello no ha permitido un debate serio sobre este importante tema.

Las decisiones judiciales en gran número de casos, muestran una inclinación a ordenar la prisión preventiva, aún en situaciones en donde las circunstancias no lo justifican, al ser evidente que no hay peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. Una práctica de esa naturaleza es contraria al interés general, por muchas razones.

Por un lado, contraviene tanto la Constitución Política de la República de Guatemala que consagra el principio de presunción de inocencia, como la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, que ha desarrollado tal principio y el de excepcionalidad de la prisión preventiva. Ignorar los preceptos en que se fundamenta el ordenamiento jurídico del país no hace otra cosa que debilitarlo, en perjuicio de todos los que aspiramos a que nuestros derechos fundamentales sean respetados.

En el largo plazo habremos de lamentar que la práctica del órgano acusador del Estado y de los tribunales de justicia, ignore garantías constitucionales, afectando a toda persona, culpable o inocente, que por cualquier circunstancia de la vida deba enfrentar un proceso penal.

Por otra parte, detrás de esas decisiones hay personas de carne y hueso, algunas inocentes de los cargos que se les imputan, que ven pasar los días, meses y años, desde una celda en donde por derecho no les correspondería estar. No hay fin, por noble que sea, que justifique tal medio.

Es innegable que la presión pública pueda estar jugando un papel en este asunto; esta presión podría verse influida por la presentación pública de casos a los medios de comunicación, previo a la indagatoria de los imputados. Este aspecto, que muchos han señalado y criticado y que viola otro precepto constitucional, es práctica corriente hoy en día. La Corte de Constitucionalidad ha entendido que la norma que prohíbe tal clase de acciones, tiende a proteger la honra, dignidad, seguridad e intimidad de la persona sometida a un proceso penal. Debe sumarse a ello el hecho que, una vez presentado públicamente un caso, con la indicación de pruebas de la acusación únicamente, se genera entre la población una percepción sobre la culpabilidad del acusado, viendo por tanto con muy malos ojos el que se le pueda beneficiar con una medida sustitutiva, pues de hecho ya fue hallado culpable por la mayoría, que le condena inmisericordemente, sin siquiera haber sido escuchado. Lo anterior constituye una presión injusta sobre los jueces y magistrados, pues atenta contra su independencia.

Es una magnífica oportunidad para la nueva Fiscal, pero más aún para el fortalecimiento del sistema de justicia de Guatemala y en definitiva del Estado de Derecho, el seguir adelante con todas las acciones que se vienen encaminando para deducir responsabilidades a quienes han defraudado nuestra confianza, pero también para revisar si en tales acciones se han cometido abusos en detrimento de garantías constitucionales, para enmendar y con ello despejar cualquier sombra de duda sobre las rectas intenciones de quienes tienen en sus manos la difícil tarea de erradicar la corrupción de nuestro país.