Escenario incierto para el 2019

Por Jonatan Lemus

Publicado 02/05/2018

Las elecciones del 2015 se dieron en un contexto de alta incertidumbre. La renuncia de Otto Pérez Molina y la oposición de algunos grupos marcaron los días previos a la primera vuelta. Por momentos se llegó a pensar que las elecciones estarían en riesgo. Sin embargo, la ciudadanía envió un mensaje contundente al participar con entusiasmo en el proceso electoral, y lograr el índice de abstencionismo más bajo de la era democrática.

Han pasado muchos eventos desde entonces: una fallida reforma constitucional, la declaración de persona non grata al comisionado de la CICIG, y en los últimos días, un nuevo conflicto entre el Presidente y la Comisión. ¿Qué efectos podrían tener estos eventos en las elecciones del 2019? ¿Qué tendencias se podría observar?

Una primera tendencia será la falta de partidos políticos consolidados. Ciertamente, Guatemala nunca se ha caracterizado por ser una tierra fértil para las organizaciones políticas, al contrario, la corta duración de los partidos guatemaltecos intriga a los analistas. Esta tendencia se verá aún más remarcada en 2019. A excepción del partido UNE, con una base estable de votos en las últimas tres elecciones; la mayoría de partidos en el 2019 son, o muy pequeños para ser relevantes, o de reciente creación. En efecto, de llegarse a concretar la cancelación del FCN-Nación por parte del Tribunal Supremo Electoral, esta podría ser la primera elección sin la participación del partido oficial. Lo anterior no implica la aparición de rostros nuevos en las papeletas; posiblemente se verá a los mismos candidatos compitiendo, pero bajo nuevas marcas partidarias.

La elección de 2019 también se verá marcada por la aplicación de nuevas reglas. La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del 2016 realizó algunos cambios sustanciales a implementarse por primera vez. Para empezar, los partidos políticos tendrán acceso gratuito a medios de comunicación –el Tribunal Supremo Electoral tendrá un papel crítico en la asignación de esos espacios–. Asimismo, las fechas de elección fueron modificadas, por lo que los actores tendrán menos tiempo para realizar su propaganda. Finalmente, los controles al financiamiento de las campañas políticas serán más rigurosos. Luego de los casos promovidos por la CICIG y el Ministerio Público, probablemente muchos financistas tradicionales se abstendrán de donar recursos a los partidos políticos, por el temor a ser investigados.

Por último, la dinámica política de los meses anteriores permite augurar que la sociedad guatemalteca en 2019 se encontrará muy dividida. La discusión de reforma constitucional del 2017 fue el inicio de una nueva ola de polarización. A eso se agregaron temas controversiales como el debate sobre la permanencia de Iván Velásquez y la CICIG, la renuncia del presidente Morales, y otros temas sociales como la manifestación de un grupo de feministas y la participación del Procurador de Derechos Humanos. Aunque se ha dicho que la principal preocupación del ciudadano común es la economía, la discusión sobre la corrupción se mantendrá como el eje central de la contienda política.

Muchos han manifestado preocupación sobre el actual conflicto entre la Presidencia y la CICIG y el Ministerio Público. Desde mi perspectiva, la pugna entre ambos actores no generará una crisis de régimen en el corto plazo, a pesar de ser mediática y con actores radicalizados. Sin embargo, este conflicto sí podría profundizar la división en la sociedad, lo que combinado con organizaciones políticas débiles e incertidumbre sobre la aplicación de las reglas, podría poner en riesgo el proceso electoral en el 2019. Esta vez se requerirá un esfuerzo mayor para evitar el desplome del sistema democrático. Por el bien del país, esto no debe permitirse.