Limitando el poder

Por Paul Boteo

Publicado 04/02/2018

Daron Acemoglu y Simon Johnson publicaron un estudio en 2005 titulado Unbundling Institutions. En el mismo se pretende diferenciar entre dos tipos de instituciones: las que protegen los derechos de propiedad, que evitan que el Estado y quienes lo controlan expropien a los ciudadanos comunes; y las instituciones que regulan los contratos entre ciudadanos comunes. Los autores encuentran evidencia que el primer tipo de instituciones son fundamentales para el crecimiento económico, la inversión y el desarrollo financiero de largo plazo; mientras que el segundo tipo no tienen un efecto significativo en estas variables. ¿Por qué es importante este hallazgo? ¿Qué implicancia tiene para Guatemala?

 

Acemoglu y Johnson explican que la diferenciación de estos dos tipos de instituciones es fundamental, ya que si las instituciones que regulan los contratos privados entre ciudadanos no funcionan, existen opciones para protegerse de esta situación. Por ejemplo, en el caso de un préstamo entre privados, si existe una alta probabilidad que el deudor no pague, y las instituciones que hacen cumplir los contratos son deficientes, entonces se pueden ajustar ciertas cláusulas para incorporar este riesgo. Sin embargo, cuando las instituciones que deberían proteger al ciudadano común del poder discrecional del Estado no funcionan, entonces no hay mucho que se pueda hacer. Dado que el Estado ejerce el monopolio de la fuerza, el ciudadano queda completamente desprotegido y a merced de quienes controlan el Estado en ese momento.

Es interesante notar que los autores mencionan que en algunos países se considera que sería “virtualmente imposible” que el Estado utilice su poder para expropiar a los ciudadanos; sin embargo, en países de África Subsahariana y de América Central es considerado “muy probable”. Es decir, a los países de Centroamérica internacionalmente se les considera tan riesgosos como a los de África Subsahariana. Algunos podrían considerar injusta la comparación, pero los bajos niveles de inversión extranjera directa que históricamente ha recibido la región (a excepción de Costa Rica y Panamá), parece confirmar esta percepción.

Lo que indica este artículo es que la causa del subdesarrollo de muchos países, en el que podemos incluir a Guatemala, es que hemos sido incapaces de construir un Estado con los suficientes pesos y contrapesos que protejan al ciudadano común. Aun cuando el Estado de Guatemala pueda ser considerado pequeño, tiene tal nivel de discrecionalidad, que puede ser utilizado para destruir o expropiar a los ciudadanos y a las empresas que considere sus enemigas. Por esa razón, las elecciones presidenciales en Guatemala pueden ser consideradas muy riesgosas por los inversionistas y los ciudadanos comunes. El Poder Ejecutivo tiene tan pocas restricciones que puede tomar control de todo el sistema, poniendo en riesgo la integridad física y la propiedad de los ciudadanos.

En los más de treinta años de democracia que llevamos, el sistema de contrapeso que deberían ejercer el Poder Legislativo y el Poder Judicial ha sido inoperante para detener la alta discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Más bien se convirtieron en cómplices. En la práctica, lo que hemos visto es que funcionarios públicos de todo nivel han realizado actos de corrupción, con lo cual han “expropiado” a los ciudadanos de los fondos que deberían haberse dedicado al desarrollo del país. Y esto lo han hecho con total impunidad. Una minoría que se hace con el poder del Estado, finalmente termina dañando los intereses de la mayoría de ciudadanos comunes. Y eso ha sido la constante.

La ventana de oportunidad que se abre hoy para Guatemala es que podamos construir un Estado moderno, para que se nos deje de percibir como un país plagado de corrupción e impunidad; y que finalmente se brinde la certeza del cumplimiento de la ley y un auténtico Estado de Derecho para los ciudadanos y los inversionistas.

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