El inviolable principio de irretroactividad

Una de las garantías con que contamos los ciudadanos guatemaltecos es el llamado principio de irretroactividad de la ley, recogido por el Artículo 15 constitucional, por virtud del cual la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo.

Como se ha explicado en varios fallos de la Corte de Constitucionalidad, la regla general es que en todos los casos las leyes son de aplicación inmediata y rigen para el futuro, a menos que sean de naturaleza penal y favorezcan a los procesados o condenados,  único caso en el que la nueva ley debe ser aplicada a hechos del pasado ocurridos antes de su vigencia.

En fecha reciente se publicó en el Diario de Centro América el decreto a través del cual el Congreso de la República suprimió el delito de financiamiento electoral ilícito que estaba tipificado en el segundo párrafo del Artículo 407 N del Código Penal, el cual sancionaba a los receptores de contribuciones electorales recibidas en forma anónima y que no hubieren sido registradas en el libro contable de la respectiva organización política, precepto que por cierto no incluía como responsables a quienes hubieran hecho entrega de los fondos, a menos claro está que provinieran de actividades ilícitas, pues en tal caso se configuraría la figura penal establecida por el primer párrafo de dicho artículo.

Como consecuencia de dicha reforma, el segundo delito que en su segundo párrafo establecía la norma antes comentada, al ser suprimido dejó de existir y el nuevo tipo delictivo denominado financiamiento electoral no registrado, únicamente puede aplicarse a situaciones del futuro ocurridas después de su vigencia por virtud del principio que prohíbe la retroactividad de la ley.

Por ello para preservar el derecho de defensa debe observarse estrictamente la disposición del Código Procesal Penal que establece que no se puede iniciar un proceso ni tramitarse una denuncia o querella sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior.

* El autor fue presidente del Colegio de Abogados y de Cedecon.

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