La Democracia y sus retos en el 2018

Por Roberto Ardón

Publicado 07/01/2018

Está claro que para América Latina el año 2017 fue de grandes noticias y sobresaltos en la lucha contra la corrupción. Una buena parte de los países de este hemisferio se vieron enfrentados a casos muy sonados de defraudación, colusión y exacciones ilegales que crearon profundos trastornos en su esquema político, en las redes económicas y en los sistemas de gestión pública. Presidentes y ministros, consorcios mercantiles, estructuras deportivas y entidades sociales fueron todos alcanzados por la mano de la justicia o el señalamiento público.

Esta confluencia de episodios en los distintos países me recordó a aquellos períodos en los que de forma similar las ideas, las alianzas, los discursos y las acciones políticas se configuraban en el continente para promover, por ejemplo, revoluciones; en otro momento para poner en marcha acciones contrainsurgentes, o finalmente para atestiguar el colapso sucesivo de las dictaduras y el advenimiento de las democracias. Esto funciona como una corriente histórica que por un curioso designio se pone de moda y produce realineaciones de las distintas fuerzas políticas y sociales en un momento y tiempo determinado. Guatemala en esto, dicho sea de paso, no fue la excepción. En este orden de ideas no veo que el año 2018 vaya a ser muy distinto al anterior en lo que a estos esfuerzos se refieren, pero sí quisiera llamar la atención sobre otros procesos políticos que corren aparejados, y que por la fuerza y drama de los eventos de la lucha contra la corrupción, han quedado relativamente invisibilizados o marginados, con el riesgo de lo que ello pueda representar para nuestras democracias.

Me refiero a la pérdida paulatina de los controles republicanos en nuestras democracias. Basta darse una vuelta por el mapa para darnos cuenta que en no pocos países, los pesos y contrapesos, la alternabilidad, los balances políticos y la rendición de cuentas van perdiendo terreno frente a una generación de políticos avorazados, casi mesiánicos, que consideran que estos mecanismos son una molestia para sus propósitos de control político e ideológico. Algunos han llegado al extremo de sustituir a los responsables de los otros poderes en forma abiertamente ilegal; en otras ocasiones han obligado a que los encargados de la interpretación de textos constitucionales digan que el rojo es azul o que las normas constitucionales son inconstitucionales; unos terceros asaltan los poderes electorales para modificar normas del voto, tiempos de elección, periodos de gestión gubernamental, etcétera. Hasta donde recuerdo todas estas maniobras han sido exitosas debido en parte a oposiciones desestructuradas, a un manejo ideológicamente sobrecargado, a unas instituciones multilaterales débiles o en el peor de los casos a la concurrencia sino complicidad de las élites sociales, académicas o económicas.

Los balances republicanos no tienen sabor de derechas o izquierdas. Son mecanismos que permiten a cualquier sociedad evitar las dictaduras disfrazadas de “proyectos reorganizadores o revolucionarios”. Basta ver lo sucedido en la vecina Honduras, en la que ciertos grupos hoy invocan principios republicanos para señalar al presidente Hernández de dictador, mismos principios que por cierto estos grupos parecieran haber olvidado en otras latitudes. En fin, la norma y los parámetros republicanos son y deben ser neutros y aplicables en forma universal.

¿Dónde está Guatemala en este panorama? Es allí donde debemos poner nuestra atención. Aun cuando no hemos presenciado fuerzas políticas o liderazgos arrolladores que pretendan barrer de un soplido las instituciones republicanas –aunque por allí habrá algunos que lo promueven–, sí presenciamos otros fenómenos que llevan a una suerte de fatiga o desgaste institucional. El “activismo parainstitucional” que caracteriza a algunos funcionarios y que se expresa mediante opiniones políticas o protagonismos de ocasión en temas que van más allá de su mandato, de intervenciones en redes sociales para avanzar una determinada causa o un celo excesivo en la procura de ciertos temas sobre los que deben resolver (motivado esto por su particular interés o ideología) podrían ser formas perversas de desfundar la seriedad y el prestigio de los controles republicanos. De igual forma tan nocivo es interferir en los procesos de selección de autoridades como la invasión de funciones de un órgano sobre otro, recurso este último que también hemos visto recientemente. Preservar las instituciones de estas prácticas debilitantes es una obligación ciudadana.

La probidad y el fortalecimiento republicano de las instituciones son pues los principales retos para nuestra democracia en el año 2018.

CACIFRoberto