La valoración del Congreso de la República

El Congreso de la República ha tenido tres momentos a lo largo de la legislatura 2016-2017.

El primero de ellos, puede identificarse desde la toma de posesión de la legislatura hasta finales de noviembre 2016. Durante este período, el Congreso mostró enormes niveles de autonomía respecto al Organismo Ejecutivo, contrario a las dinámicas prevalecientes entre 2008 y 2015. La atomización partidaria, producto de los resultados electorales de septiembre 2015 y los reacomodos de bancadas de principios de 2016, generó la necesidad de búsqueda de consensos y construcción de mayorías para la aprobación de legislación. Y bajo la sombra de los avances del 2015, el Legislativo se montó en una ola inicial de reforma institucional.

Derivado de la debilidad del partido oficial, FCN-Nación, el principal opositor –la UNE– rápidamente se convirtió en el articulador de una alianza mayoritaria que tomó control del Congreso. Y todo ello, bajo la operación de un Mario Taracena, quien se convirtió en el caudillo de la gestión legislativa. Fue en esta coyuntura que avanzaron temas clave como la reforma a la Ley de Régimen Interior del Congreso (14-2016), las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (18-2016), las reformas a la Ley de Fomento y Desarrollo de Actividad Exportadora (19-2016), la Ley de Microfinanzas (25-2016), la primera generación de reformas electorales (26-2016), y la Ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal (37-2016). En total, se aprobaron 50 Decretos Legislativos durante este período.

Sin embargo, hacia finales de 2016, FCN-Nación articuló una alianza pro-oficial cuyo objetivo era desbancar el control de la UNE, y alinear al Legislativo con el Ejecutivo. Este cambio dio paso a un segundo momento del Congreso, en el cual el Ejecutivo logró alcanzar mayor incidencia, se articuló una alianza en torno a FCN-Nación, Movimiento Reformador, Todos y Alianza Ciudadana. Y si bien en el papel tenían los votos para aprobar legislación sustantiva, en la práctica, la construcción de alianzas y mayorías fue menos eficiente.

La reacción a los casos presentados por la fiscalía generó una especie de “movimiento de rebelión anti-CICIG” de parte de los diputados. Y ante el vacío de un operador personalista –al estilo original de Taracena– provocó un cambio en la dinámica legislativa: el Congreso pasó de una agenda de reforma a una agenda de ralentización. Por ello, temas con mayor alcance sustantivo como la Reforma Constitucional al Sector Justicia, la agenda legislativa de competitividad, la Ley de Competencia, las leyes ambientales, como agua, o las relacionadas a desechos, y otros ejes de la agenda de reforma institucional, quedaron en la congeladora.

El tercer momento de la Legislatura surge como consecuencia del “Pacto de Corruptos”· de mediados de septiembre 2017. El primer efecto fue la fragmentación intra-partidaria. Es decir, si bien las bancadas mantienen sus números relativamente intactos, surgieron facciones disidentes dentro de agrupaciones como FCN-Nación, UNE, Movimiento Reformador y Todos. Esto hizo más difícil articular las negociaciones, puesto que las bancadas dejaron de operar de forma homogénea. En este contexto, surgieron “bloques alternativos”, tipo el Frente Parlamentario, con el objetivo de marcar distancia de los actores políticos más relevantes.

Asimismo, la credibilidad ciudadana en el Congreso implosionó a niveles nunca antes vistos. Esto generó un rechazo multisectorial a cualquier gestión legislativa, lo que impidió que cualquier tema de agenda sustantiva lograra un grado mínimo de avance. FCN-Nación incluso perdió la capacidad de conseguir 80 votos, como se evidenció en la no aprobación del Presupuesto 2018.

Ese ese el contexto de cara al siguiente año. Y en condiciones ceteris paribus, la expectativa para el primer semestre 2018, es un Congreso poco funcional, como ocurrió entre octubre y noviembre de este año que fenece.

CACIFPhillip Chicola